Ariel Sujarchuk pide declarar inconstitucional el decreto de Mauricio Macri que deroga el Fondo Federal Solidario con el que el partido de Escobar encaraba obras de infraestructura

septiembre 03 21:05 2018

En representación de los vecinos del partido de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk presentó una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que deroga el Fondo Federal Solidario y así pone en riesgo inminente la ejecución de obras de infraestructura y otras acciones de gobierno.

“Esta medida afecta a todos los distritos. En nuestro caso, recibiremos unos 25 millones de pesos menos entre 2018 y 2019. Es una barbaridad y un despropósito de un presidente que firma un decreto de necesidad y urgencia que de urgencia tiene la propia impericia económica que él mismo generó. Hoy los municipios financiamos los errores del gobierno nacional y por eso estamos haciendo esta presentación, así como acompañamos las acciones que realiza la Federación Argentina de Municipios (FAM) y pedimos al Congreso que rechace esta medida”, enfatizó Sujarchuk.

En el escrito presentado por la Municipalidad de Escobar se solicita que se declare la inconstitucionalidad de seis artículos de la Ley Nº 26.854, a la vez que se pide la nulidad del decreto Nº 756/2018 dictado el martes 14 de agosto de 2018, publicado en el Boletín Oficial un día después y que entró en vigencia el día 16 ya que se trata de recursos que ya habían sido asignados por la Nación a las provincias, y éstas a su vez con sus municipios, quienes se encuentran en plena ejecución de las obras y proyectos aprobados en tiempo y forma. Popularmente conocido como “fondo sojero”, el Fondo Federal Solidario fue creado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 206, en marzo de 2009, con el objeto de financiar en las provincias y en los municipios, las obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales. Este fondo se integra con el 30% de las sumas que el Estado nacional percibe en conceptos de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados.