Este martes, la Dra. Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar y Secretaria General de ADPRA, participó de una reunión con la Presidencia y Gerencia de Regulación y Gestión comercial del ENARGAS, a los efectos de tratar el registro de beneficiarios de tarifa social, el régimen tarifario específico para entidades de bienes públicos y regímenes para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) .
Consultada en relación al desarrollo de la reunión, Fernández expresó: “escuchando al Presidente y al Directorio, que instan al diálogo -invitación a la que siempre me interesa acceder – pienso que una vez más, no se puede llegar a nada.”
En esta línea prosiguió: “Es una vergüenza verificar que el ENARGAS, como Órgano Autárquico de la Nación, no incide en defensa de los usuarios de este servicio público esencial (usuarios, clubes de barrio o pueblo, entidades de bien público y pequeñas y medianas empresas)”.
Por su parte, el Presidente del ENARGAS Mauricio Roitman, planteó que el valor del gas en boca de pozo (BTU) será fijado en una subasta pública a realizarse los días 14 y 15 de febrero, afirmando que “salvo que exista algo extraño que el ENARGAS deberá demostrar, el valor que surja de la subasta realizada irá a tarifas”.
En este marco, la Defensora del Pueblo de Escobar planteó que “está nueva posición por parte del ENARGAS constituye un nuevo paso en el retiro del Estado Nacional en la composición de tarifas , recordemos que el gas en boca de pozo tiene una incidencia de alrededor el 40 % de la facturación total y ese precio se pretende que sea fijado en subasta pública, la cual está arreglada por las leyes del mercado de oferta y demanda y trasladada a la composición final de la tarifa”
En este sentido, la Defensora del Pueblo de Escobar apuntó: “vuelvo a plantear que el costo no puede estar fijado por el mercado , porque de ser así el Ente como tal no tendría razón de ser, están anclados en defender la posición de las empresas dejando totalmente desvalido al usuario y llevándose puesto todo el andamiaje jurídico -Constitución Nacional, Provincial, Ley de Defensa del Consumidor, Principio IN DUBIO PRO CONSUMIDOR (frente a la duda se estará a favor del consumidor)-.”
Finalmente, aseguró: “me voy con el convencimiento de que creen que la vida de las personas pasa por los sistemas informáticos, particularmente por el SINTyS controlado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dependiente de Presidencia de la Nación, esa es la “verdad revelada”, es la “verdad real” según ellos, consecuentemente frente a las injusticias y los errores , el usuario tiene que probar que el SINTyS está equivocado; mientras tanto, que la Empresa de gas siga cobrando la tarifa plena -sin retroactividad, es decir, si reconoce su error, no devuelve la plata-. Es decir, que bastante paupérrima es la Tarifa Social para que además se torne inviable”.
“Seguiremos poniendo nuestra voz en la próxima AUDIENCIA PÚBLICA NACIONAL”.
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