El pasado sábado 13 de julio se realizó en el Polo Educativo Superior (PES) de Ingeniero Maschwitz el Segundo Congreso Urbano Ambiental. Más de un centenar de personas participaron del encuentro que nucleó a ambientalistas, docentes, académicos, vecinos y vecinas interesados en la temática. El panel de apertura contó con la presencia de Eduardo Reese (reconocido arquitecto, miembro del CELS e impulsor de la ley de Acceso Justo al Hábitat), Sofia Astelarra (socióloga, integrante del Observatorio de Humedales del Delta) y Martin Nunziata, histórico miiitante ambientalista del Delta.
Uno de los organizadores del evento, Nacho de Vedia, fue el encargado de abrir la jornada y destacó la importancia de intercambiar en torno a política ambiental y hábitat en un año marcado por elecciones municipales, provinciales y nacionales. La primera en exponer fue Sofia Astelarra, quien contó cómo surgen los conflictos ambientales y llegan a instancias de resolución dependiendo de las relaciones de fuerzas de los actores sociales involucrados. Allí mencionó el caso de Colony Park y lo destacó como “un claro ejemplo de freno al avance inmobiliario sobre humedales de la isla del Delta”.
Luego le siguió Martín Nunziata, conocido referente ambientalista, quien destacó la importancia de la participación política para tener mejores perspectivas de resolver conflictos ambientales. Asimismo destacó: “Es importante que la academia no sea sólo observadora y se convierta en participante activo”. En ese sentido, resaltó la labor de la geografa Patricia Pintos, quien participó del primer CUAE y que se encuentra recuperándose de problemas de salud, logrando el aplauso de toda la sala principal del PES.
Más tarde, Eduardo Reese (CELS y UNGS) se centró en la dificultad de acceso a la tierra como consecuencia de la especulación inmobiliaria. Precisamente, este arquitecto es uno de los impulsores de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (ley provincial 14.449), que habilita distintos instrumentos que fortalecen tanto a las iniciativas de las organizaciones sociales como también a la capacidad del Estado municipal para regular el mercado del suelo. También denunció que el gobierno provincial busca aprobar por decreto más de 500 barrios cerrados “sin que pase por otras instancias de aprobación gubernamentales”.
Luego del panel se dio paso al trabajo en comisiones, donde se elaboraron una serie de recomendaciones al Estado. Los organizadores reconocieron la importancia de las organizaciones y movimientos sociales para impulsar iniciativas, pero destacando el rol del Estado para que las demandas sean recogidas y puedan existir políticas publicas. Los principales temas del encuentro giraron en torno a la protección de los bienes comunes de la naturaleza, el reciclado con inclusión social, la protección de humedales, el ordenamiento y la planificación territorial.
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